compromisos fiscales.
En los últimos tres sexenios se han intentado y aplicado diversas fórmulas, esquemas y mecanismos que pretenden incrementar la capacidad recaudatoria del gobierno. Hasta la fecha, los esfuerzos han sido infructuosos porque no han logrado mejorar la base tributaria, hacerla más equitativa y participativa.
El caso es que México sigue figurando, tanto en América Latina como en el resto del mundo, con bajos niveles de recaudación en proporción del PIB y en rangos de altos niveles de evasión fiscal.
Diversos estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) demuestran que México recauda un volumen de IVA como proporción del PIB de 3.5%, que es muy bajo si se le compara con el promedio de los países de la OCDE de 6.9 por ciento. Con respecto al ISR en México la recaudación anual es del 4.72% del PIB y la media de la OCDE se ubica en 13.6% del PIB.
Al interior del país podemos encontrar entre analistas, legisladores, empresarios y funcionarios públicos, un consenso acerca de que el país requiere un moderno esquema tributario que obtenga mayores recursos. El disenso comienza a partir de la forma en cómo el gobierno pretende, por la fuerza, mejorar su recaudación.
Está comprobado que una mayor evasión fiscal sucede en países donde la percepción de la gente sobre la eficiencia del gasto público es negativa (Teoría de Kent Smith). De igual forma, cuando la ciudadanía siente que la carga fiscal no es equitativa entonces la evasión aumenta (Teoría de Spicer y Becker).
A COLACIÓN
La Secretaría de Hacienda debe comprender que los mexicanos estamos dispuestos a pagar impuestos siempre y cuando la base sea el respeto, transparencia y obligatoriedad.
También demandamos equidad porque deseamos que así como se persigue a los pequeños evasores, los grandes sean castigados en vez de andar libres por las calles, operando en empresas fantasmas que sirven de membrete para las actividades ilícitas que cada día proliferan más en México.
Pedimos respeto porque deseamos que los funcionarios del SAT cumplan con la devolución de impuestos.
Asimismo queremos transparencia porque buscamos la certeza de que no se aplican fórmulas contables en las que se beneficia a organizaciones de beneficencia y caridad que deducen hasta los gastos personales y familiares de sus representantes; queremos tener la certeza de que los bancos no llevan una doble contabilidad o una contabilidad paralela en la que ocultan al fisco sus verdaderas ganancias y utilidades.
Exigimos obligatoriedad: una persona cumplida con el pago de sus impuestos se vuelve apática cuando tiene que perder tanto tiempo para obtener una factura o comprobante fiscal; el sistema recaudatorio en México no funciona porque está lleno de ineficiencias y es burocrático.
GALIMATÍAS
Desde 2004 sucedió la amenaza del SAT de enviar al Buró de Crédito poco más de 100 mil expedientes de morosos fiscales, de los llamados créditos exigibles.
Entonces, la Secretaría de Hacienda argumentó que el SAT tenía facultades para entregar legalmente dicha información. A lo que el Senado de la República respondió solicitando al SAT no proporcionar ningún expediente al Buró de Crédito “por carecer de competencia para ello”.
Recordemos que el Buró de Crédito, su actividad, se encuentra estipulada en la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia; Ley de Inversión Extranjera, Art. 8º fracción VI y por las Disposiciones de Carácter General que emite el Banco de México.
En su actuación se ha exhibido la manera mañosa que en México se ejerce el llamado secreto bancario, un mecanismo de protección que sirve de escudo para determinados personajes corruptos y fraudulentos ligados a diversos grupos de poder. El secreto bancario no opera por igual para todos los mexicanos.
En medio de está laguna, los intermediarios financieros en sus contratos incluyen que el cliente está de acuerdo en que su información sea cedida al buró y que además éste pueda ser debidamente investigado en dicho organismo en caso de solicitar un crédito.
Se trata de una forma de ampararse ante cualquier demanda por parte de los intermediarios financieros porque el secreto bancario supuestamente obra para privacidad de los interesados.
Así es que las mismas personas firman en los documentos que están de acuerdo, sin embargo, ninguna persona proporciona su autorización para que el SAT como autoridad dé información de su situación fiscal al buró.
Desde mi punto de vista sucede una violación a la integridad moral de la persona, una violación al secreto bancario, un atropello constitucional y un obstáculo para que el financiamiento fluya con la celeridad deseada en un sistema económico subbancarizado donde las instituciones extranjeras imponen sus reglas.
De por sí es difícil lograr un préstamo en México, resultará más complicado hasta tener un celular en un esquema de contrato de pospago con la lista de personas boletinadas al buró.
SERPIENTES Y ESCALERAS
No estoy de acuerdo con la operación del Buró de Crédito ni estoy de acuerdo con el terrorismo de Hacienda. No pueden coaccionar a la ciudadanía para pagar impuestos cuando el sistema es tan complicado y tan lleno de privilegios.
¿De qué sirve que el Buró de Crédito eliminó deudas de 33 millones de expedientes de personas físicas, tras seis años de vencimiento?
A los 60 millones de personas registradas se van sumando los expedientes de los morosos fiscales y la montaña amenaza con incrementar.
Y por si usted no lo sabía estimado lector, ya es un hecho que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio su aval para que todos los deudores fiscales sean definitivamente enviados al Buró de Crédito.
A partir del primero de enero de 2011 el SAT procederá a mandar todos los archivos de personas físicas y empresas. En este caso no hay secreto ni mecanismo de protección, la Corte determinó que “no puede considerarse violatorio de las garantías de legalidad, seguridad y certezas jurídicas“.
P.D. Le invito a que opine del tema en mi blog http//claudialunapalencia.blogspot.com.
El paraiso existe, se llama México…